Ayuntamiento de Santander

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, coportavoz del grupo Mixto y concejal de Vox, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales de 28 de noviembre de 1986 y concordantes del reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento de Santander de 30 de septiembre de 2004, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la M O C I Ó N que basa en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

     Desde hace años, España sufre las consecuencias de la llegada masiva de inmigración ilegal descontrolada y estimulada por las políticas de efecto llamada de los sucesivos gobiernos nacionales y autonómicos. Dichas consecuencias han sido el aumento exponencial de la inseguridad y la degradación social en no pocos barrios y zonas rurales de muchas provincias, especialmente las más pobres.

     Entre 2015 y 2020, casi 200.000 personas entraron ilegalmente por vía marítima o terrestre en España, en muchas ocasiones agrediendo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y permaneciendo en territorio nacional sin posibilidad de seguimiento o control alguno por parte de nuestra policía, debido a la falta de medios. Solo el pasado año 2021 fueron más de 41.000. En paralelo, España ha experimentado un preocupante aumento en los delitos de cierta naturaleza, como agresiones sexuales, que se han doblado en un lustro e incrementado hasta un 70% en el caso de los delitos de esta naturaleza cometidos por menores de edad. En el caso de las ocupaciones ilegales de vivienda, las denuncias de estos hechos han aumentado en un 33% entre 2015 y 2020 a nivel nacional y así podíamos seguir con una larga lista.

     Como ya planteábamos en una moción de fecha 23 de agosto de 2019, en nuestra Comunidad Autónoma la inmigración ilegal tiene también perfiles propios muy preocupantes, además de los generales, como consecuencia de las organizaciones criminales procedentes de Francia que, a raíz del cierre del cruce a territorio británico a través de Calais, vienen utilizando nuestro puerto como trampolín para entrar en el Reino Unido por vía marítima.  

     En un informe de 2016, la prestigiosa National Crime Agency (NCA) británica señaló que estos polizones nutren de mano de obra el entramado de negocios de la mafia albanesa en el Reino Unido (Organised immigration crime - National Crime Agency).

     Sin permiso para trabajar legalmente, estas personas serán allí explotadas y forzadas a la esclavitud moderna o bien tendrán que recurrir al crimen para mantenerse. Trabajarán en bares, restaurantes, supermercados o lavanderías que sirven para blanquear los beneficios del narcotráfico dentro de una de las organizaciones criminales que se han hecho con el monopolio de la cocaína en la isla tras desplazar a los grupos turcos competidores en los últimos años

     Las mafias han convertido nuestro país un lugar de tránsito hacia el Reino Unido. Quienes llegan a España tienen sus pasaportes en regla e incluso certificado de vacunación y cuentan con visado de estancia de corta duración de un máximo 90 días por semestre otorgado por alguna misión diplomática u oficina consular. Su objetivo, sin embargo, es introducirse en un ferry saltando la valla el recinto portuario, o bien introducirse en sus instalaciones desde el exterior dentro de camiones a los que alteran las cagas dejándolas en muchos casos inservibles, con las consiguientes quejas de armadores y otros operadores portuarios que tienen que asumir el coste que provocan de 10 a 15 intentos diarios de entrada irregular.

     En total, nuestro puerto registró 2.360 intromisiones de este tipo durante 2019, el año en que Santander perdió la conexión marítima con Cork (Irlanda) con la que se encendieron todas las alarmas sobre un problema que era bien visible incluso desde las ventanas de la propia Delegación del Gobierno situadas a escasos cien metros de lugar donde se concentraban decenas de personas esperado a la caída de la noche para saltar la valla e introducirse en el ferry.

     No es justo que los santanderinos tengamos que sufrir las consecuencias de esta situación y que debamos soportar que las propias autoridades del Estado que no se preocupan de cortar ese flujo irregular en origen y que, en todo caso, debían esforzarse en anular los visados y disponer la expulsión del territorio nacional de todos aquellos extranjeros que incumplan la ley, sean quienes se dedican a pronunciarse públicamente en contra de las medidas de autoprotección -a todas luces tardías e insuficientes-, que ha dispuesto la propia Autoridad portuaria para tratar de atajar este grave problema y evitar la anunciada fuga de operadores hacia puertos más seguros.

     España necesita ya un gobierno que restablezca el orden, la justicia, la libertad y la seguridad de los españoles y sus familias; en garantía de su derecho a la vida, la propiedad y el empleo de los españoles. Cada día que pasa sin que las autoridades responsables hagan cumplir la ley y procedan a la efectiva expulsión de todos estos sujetos del territorio español les hace cómplices de sus actuaciones y de los daños que provocan en nuestra economía.

     Por todo ello se propone al Pleno el siguiente:

A C U E R D O

     1. Instar a la delegación del Gobierno de Cantabria a aumentar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y dotarlos de los medios materiales, personales y legales para cumplir y hacer cumplir la ley, especialmente en lo referente a los accesos portuarios.

     2. Instar a la Junta de Gobierno local a que en las próxima Junta Local de Seguridad, se ofrezca a la Policía Nacional y Guardia Civil los datos procedentes del padrón municipal, o de investigaciones efectuadas por parte de la Policía Local, con el objetivo de proceder a la ejecución de los expedientes de expulsión de extranjeros residentes en nuestro municipio que permanezcan de forma ilegal en nuestra ciudad, de quienes conforme a lo dispuesto en el Código Penal cometan delitos aun siendo residentes legales y de quienes que utilicen fraudulentamente el visado de corta estancia para violar nuestras leyes.

     3. Instar a la Junta de Gobierno local a que solicite al Gobierno de la Comunidad Autónoma la suspensión inmediata de cualquier ayuda social, en especial la renta social básica o similar, a cualquier persona que haya entrado ilegalmente o permanezca en territorio nacional una vez perdida la residencia legal.

     4. Instar al Junta de Gobierno local a retirar todas las subvenciones concedidas a asociaciones u organizaciones que colaboren activamente con el tráfico ilícito de seres humanos y la llegada de inmigrantes ilegales a España o de quienes utilizan el territorio nacional como lugar de tránsito para su entrada irregular en terceros países.

Santander, 19 de enero de 2022.